El gremio de La Bancaria decidió suspender la media de fuerza prevista para el miércoles 14 de septiembre, después de conocía la sentencia del tribunal de Concepción, que dio por prescripta la acción penal privada en contra de Cecilia Sánchez Blas por el delito de injurias.
La Justicia dicta la prescripción de la causa contra la secretaria general de La BancariaEl gremio levantó la medida, para el miércoles, pero el viernes convocó a una asamblea de delegados para analizar los pasos a seguir. Es que la sentencia no dejó confirme al gremio.
"No se obtuvo una sentencia con fundamentos referidos a la libertad sindical ni a la violencia de género. No se tuvo en cuenta los orígenes de la denuncia ni de quién denunciaba, no se tuvo en cuenta que nuestra Secretaria General actuó en defensa de una compañera violentada y fue in justamente acusada", dice un comunicado firmado por Carlos Cisneros, Secretario Nacional y por la misma Cecilia Sánchez Blas, Secretaria General en Tucumán.
"El Poder Judicial de la ciudad de Concepción carece totalmente de perspectiva de género. Prefiere sobreseer por extinción de la acción antes que dejar sentado un precedente que sirva a todas las mujeres que a diario sufren violencia laboral y de género", añaden.
La causa
En octubre de 2006, una empleada de la sucursal de Concepción de la Caja Popular de Ahorros presentó una denuncia policial contra el gerente de la entidad, Facundo Arias, por acoso sexual.
A partir de entonces, y hasta 2017, se sucedieron, por parte de la empleada, una serie de quejas administrativas y denuncias. En 2006, las autoridades de la Caja Popular disponen el traslado de Arias hacia la casa central de la entidad. En 2014, sin embargo, el entonces interventor Armando Cortalezzi decide que regrese a sede de Concepción.
El 1 de agosto de ese año, la empleada presenta una nueva queja administrativa. Acto que se repite el 25 de julio de 2017, cuando lo denuncia por acercamiento, abuso de autoridad, daños y humillación pública. De acuerdo a fuentes de "La Bancaria", ni se realizó la investigación administrativa, ni Arias fue rotado.
Ese mismo día, la empleada asienta una denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica, que emite una medida cautela de restricción de acercamiento para Arias. El 4 de agosto de ese año, las autoridades de la Caja Popular envían a Arias a la sucursal de Aguilares.